Historia del Petróleo en México IV

Foto: Cuando se dió la expropiación, gente de todas las clases sociales se volcó en apoyo al Presidente Cárdenas, además de que dieron lo poco o mucho que tenían para cooperar con la indemnización a lasCompañías petroleras.

Cuarta parte de la conferencia que Don Jesús Silva herzog dictó en El Colegio Nacional en 1969. Él fué uno de los protagoniztas del proceso histórico político que llevó a la expropiación petrolera.

En 1935 existían tantos sindicatos como empresas petroleras. De suerte que los salarios y las prestaciones eran diferentes en cada una de las dichas empresas. Después de vencer dificultades sin cuento, lograron los dirigentes de los petroleros organizar el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. Esto ocurrió en el año de 1936. Inmediatamente pidieron a las empresas, la firma de un contrato colectivo de trabajo. De acuerdo con la ley, las empresas tuvieron que aceptar y comenzaron las dis­cusiones entre representantes de los trabajadores y representantes de las empresas. Así fueron pasando los meses del año de 1936, como antes dije, sin que pudieran ponerse de acuerdo las partes en conflicto. En el mes de noviembre estuvieron a punto de romper-se las pláticas. El gobierno propuso que continuaran las conversaciones, haciéndola de amigable componedor. Gracias a esto, las pláticas continuaron en el resto del año de 1936 y durante 1937 hasta el mes de mayo. Sin embargo, no se ade­lantó un solo paso, se veía que las compañías petroleras no tenían interés en ponerse de acuerdo con sus trabajadores. En consecuencia, a fines de mayo de 1937, se declaró una huelga general en toda la industria.
La situación rápidamente se tornó grave porque comenzó a escasear la gasolina, el diesel oil, el petróleo destinado a los ferrocarriles. Recuerdo que la ciudad de México unos ocho días después de iniciada la huelga comenzó a verse solitaria de automóviles; éstos tuvieron que quedarse en sus garages y lo mismo comenzó a acontecer tratándose de las máquinas destinadas a la agricultura.
Ante esta situación el general Cárdenas llamó a los trabajadores y les pidió en vista de la gravedad de la situación que se presentaba, y que cada día se agravaba más y más, les pidió al general Cárdenas que cambiaran de táctica, que volvieran al trabajo y plantearan ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje un conflicto de orden económico.
¿Qué cosa es un conflicto de orden económico? Según la Ley del Trabajo, si los obreros por una parte y la empresa por otra no se ponen de acuerdo, alegando, supon­gamos en este caso la empresa, que no tenía condiciones financieras para mejorar salarios y prestaciones de los trabajadores, en este caso, la Junta Federal de Concilia­ción y Arbitraje nombra tres peritos, a quienes les encomienda la tarea de presentar en un plazo de 30 días un informe sobre las condiciones generales de la compañía o de la industria de que se trate. Bien, al mismo tiempo los peritos deben presentar ante el Tribunal del Trabajo citado, un dictamen dando su parecer de cómo resolver el con­flicto. La Junta Federal nombró tres peritos: al señor Efraín Buenrostro, subsecretario de Hacienda; al ingeniero Mariano Moctezuma, subsecretario de Economía, y a Jesús Silva Herzog, quien en aquella ocasión desempeñaba el cargo de consejero del secre­tario de Hacienda, licenciado don Eduardo Suárez.
Inmediatamente que los peritos fuimos notificados del acuerdo de la Junta Federal, celebramos una reunión en la cual se nombró presidente al Sr. Buenrostro; vocal, al Ing. Moctezuma, y secretario a mí. Yo desde luego me puse a trabajar intensamente. Organicé en 48 horas una oficina con un personal de alrededor de 80 gentes: contado­res, economistas, ingenieros petroleros, personas versadas en cuestiones de seguridad social, y por supuesto el personal administrativo necesario. Se trabajó intensamente durante ese mes, desde las 8 de la mañana, en ocasiones hasta la una de la mañana; fue una tarea muy ardua, pero todos estábamos poseídos del deseo de cumplir con nuestros deberes.
(...)
El 3 de agosto de 1937, los peritos nos presentamos ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje con nuestro informe en tres gruesos volúmenes y con el dic­tamen a que antes hice referencia. La Junta Federal como lo señala la ley, puso a dis­posición de trabajadores y compañías los documentos presentados por los peritos para que pudieran hacer objeciones. Los trabajadores presentaron unas cuantas objeciones, sin importancia. La empresa pidió plazos para dar sus puntos de vista. La Junta Federal fue muy condescendiente y les fue dando plazos y nuevos plazos hasta que hubo un momento en que tuvo que exigirles que presentaran todas las objeciones, todas las observaciones que ellos consideraron pertinentes. El 18 de diciembre de 1937, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, publicó su laudo. En ese laudo la Junta Federal aceptó las opiniones del peritaje, fundamentalmente aceptó que las compañías podían elevar salarios y prestaciones en la citada suma de algo más de 26 millones de pesos al año.
Las compañías cuando conocieron el informe de los peritos —retrocedamos un poco—, pusieron como se dice en la jerga familiar, el grito en el cielo. Dijeron que los peritos no decíamos la verdad, dijeron que cometíamos exageraciones; y publicaron en los diarios de la ciudad de México y en diarios de otras partes del mundo, grandes ataques contra los peritos.
Se publica el laudo de la Junta Federal. Entonces las compañías elevaron la pun­tería e iniciaron nueva campaña, ya contra el grupo No. 7 de la Junta Federal de Conci­liación y Arbitraje, que era el que había tenido en sus manos el conflicto petrolero.
Ante esta situación, las compañías pidieron amparo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La Corte comenzó a estudiar el asunto; tomó todos los informes que con­sideró pertinentes; y el lo. de marzo de 1938, la Suprema Corte de Justicia de la Nación pronunció su sentencia, aceptando el laudo de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.
Desde ese momento las compañías que habían dicho en sus ataques a los peritos que no tenían capacidad económica para hacer ese incremento en sus egresos de algo más de 26 millones de pesos, que habían repetido lo mismo al conocer el laudo de la Junta Federal; al conocer la sentencia de la Suprema Corte volvieron a repetir lo mismo. Afirmaron categóricamente que no podían acatar la sentencia del Supremo Tribunal de Justicia de la República.
El gobierno federal me pidió que fuera a informar al embajador Castillo Nájera, embajador nuestro en Washington, sobre la situación que existía. El 2 de marzo yo estaba en Washington conversando con el embajador. Le di un informe completo de la situación. El embajador me preguntó: Bueno, Silva Herzog ¿y qué cree usted que va a pasar? Yo le dije: una intervención temporal. Ah, eso yo lo arreglo, contestó. O la expropiación, agregué yo. Ah, dijo —soltó una palabrota de esas muy nuestras—, si hay expropiación hay cañonazos. Así veía las cosas nuestro embajador en Washing­ton.
Pasaron los días de marzo en una tremenda tensión. Las compañías continuaban en su actitud de rebeldía, y un alto funcionario del The Standard Oil Company de New Jersey, dijo que el próximo paso lo diera el gobierno de México; que las empresas petroleras ya no tenían nada que decir.
Sin embargo, el Gral. Cárdenas trató de celebrar conversaciones con los represen­tantes de las empresas, celebró una o dos conversaciones. En la última de ellas, las compañías dijeron que podrían aumentar salarios y prestaciones en 24 millones de pesos. La diferencia ya era insignificante y uno se pregunta: ¿Qué iba a hacer el gene­ral Cárdenas? ¿Qué iba a hacer el gobierno federal ante la rebeldía de unas compañías extranjeras que manifiestamente dijeron que no acataban el fallo de la autoridad más alta del país en el ramo judicial?
El general Cárdenas tuvo una junta de gabinete; planteó en ella la gravedad de la situación. No era posible que el gobierno se cruzara de brazos. Hubiera sentado un precedente fatal para la nación. En la junta de gabinete hubo unos secretarios de Estado que estuvieron de acuerdo con la expropiación; otros no estuvieron de acuerdo. Pasado el tiempo todos llegaron a decir que estaban todos de acuerdo.
Por fin el 18 de marzo a las 7 de la noche, el general Cárdenas frente al micrófono, anunció la expropiación de los bienes de las empresas petroleras. Y se cuenta que ya cuando iba a iniciar su discurso a la nación, llegó agitado un enviado de las compañías, diciendo que estaba bien, que pagarían los 26 millones de pesos. Ya era demasiado tarde.

Historia del petróleo en México III

Esta es la tercera parte de las charlas de DON Jesús Silva Herzog acerca de la historia del petróleo en México y del proceso histórico-económico-político que llevó a su expropiación por el General Lázaro Cárdenas y cuyo aniversario conmemoramos ayer en el Zócalo (¿hubo acaso alguna otra conmemoración que en verdad evocara el espíritu que inspiró el acto patriótico del 18 de marzo de 1938?).

Y efectivamente hubo una pasión terrible por obtener petróleo. Hubo una lucha de compañías contra compañías. Compañías inglesas contra compañías norteamericanas. En ocasiones una lucha de subsidiarias de una misma gran empresa, lucha para obte­ner los mejores terrenos petroleros. Lucha de las compañías contra el gobierno de México, de las compañías contra el pueblo de México. Un hervidero de pasiones. La historia del petróleo mexicano está llena de relatos sombríos, de chicanas, de incen­dios, de juzgados, de asesinatos. Muchas veces cuando un propietario se negaba a venderle sus terrenos a una compañía o a aceptar que explorara y explotara petróleo era asesinado, era quitado de en medio. Hay numerosos documentos. Hay incendios de juzgados para hacer desaparecer huellas de crímenes tremendos. A los dueños de te­rrenos generalmente se les pagaba una bicoca. Por ejemplo en el terreno donde estuvo el pozo Cerro Azul que produjo 75 millones de barriles de petróleo, se le pagó al pro­pietario por toda la explotación 200 mil pesos. Al dueño de los terrenos de Juan Casiano que produjo 75 millones de barriles se le abonaron 1000 pesos anuales de regalías; y el propietario de un lote en Chinampa, que produjo más de 70 millones de barriles, recibió durante el tiempo de la explotación la suma de 150 pesos de regalía por año.
Véase pues, cómo las inversiones extranjeras es lo que más deben desear los pue­blos subdesarrollados.
Pero hace un instante hablaba yo de la lucha de las compañías contra el pueblo, contra el gobierno de México. Es un hecho histórico perfectamente conocido que en el mes de noviembre de 1914, cuando el país se hallaba convulsionado, se levantó en armas pagado por las compañías petroleras el aventurero Manuel Peláez; y Manuel Peláez estuvo levantado en armas en la zona petrolera, con mercenarios pagados por las empresas, para sustraer a la obediencia del gobierno federal todas las zonas que podía sustraerle, hasta mayo de 1920. Este cargo de fílibusterismo no pueden negarlo las compañías petroleras.
Cuando las compañías petroleras pusieron el grito en el cielo fue cuando se pu­blicó la Constitución de 1917. Como ustedes saben la Constitución de 17 declaró que toda la riqueza subterránea del país, existente en nuestro territorio, pertenecía a la nación, y que esa riqueza subterránea, entre otros productos minerales, el petróleo, pertenecía a la nación y que esta propiedad era y es inalienable e imprescriptible.
El legislador del año de 17, movido por un profundo espíritu nacionalista, en cier­ta medida pero perfeccionando todo, volvió a la legislación tradicional española y de otros países del mundo. Vino la lucha tremenda de las compañías contra el gobierno de México en los grandes diarios norteamericanos, en los grandes rotativos del mundo, porque consideraban atentatoria esa Constitución que no reconocía los derechos adquiridos, reconocidos por todos los países civilizados. Y el embajador Joseph Daniels, embajador de los Estados Unidos en México, cuenta, y él lo sabe bien, y eso lo sabe bien porque él fue ministro de la Guerra de los Estados Unidos en el gobierno de Wilson; él cuenta en su libro Diplomático en mangas de camisa que los petroleros le pidieron a Wilson al entrar los Estados Unidos a la guerra, a la primera guerra euro­pea, que las tropas norteamericanas ocuparan la zona petrolera de México a lo cual se negó el profesor de Princeton. Y siguió la lucha, pero se apaciguó durante el gobierno del general Obregón, y se quedó la Constitución pero sin reglamentar el artículo 27, y no pasó nada hasta fines del 25 durante el gobierno del general Calles en que se expidió la Ley del Petróleo.
Eso produjo una tensión tremenda de las relaciones entre México y los Estados Unidos. Kellog, jefe del Departamento de Estado americano, dijo en alguna ocasión que México estaba en el banquillo de los acusados. ¿Por qué estaba México ante las naciones en el banquillo de los acusados? Porque había expedido una ley reglamen­taría del artículo 27 constitucional en cuanto a la cuestión del petróleo. ¡Y no sólo eso! Durante el gobierno de Calles descubrió —esto ha sido declarado oficialmente—, des­cubrió por medio de una deslealtad de una empleada de la Embajada de los Estados Unidos, unos documentos que probaban en forma irrefutable todo un complot de las compañías petroleras con el contubernio, digamos, de Kellog, jefe del Departamento de Estado y de Scheffield, embajador de los Estados Unidos en México. El general Calles hizo sacar copias fotostáticas de todos esos documentos. Según ellos, la reglamentación del petróleo se juzgaba atentatoria para los intereses norteamericanos en México. Los Estados Unidos declararían la guerra a México. Esos documentos en que todo estaba planeado para declararnos la guerra, fueron fotografiados y fueron enviados a todas las misiones diplomáticas de México en el extranjero. Una vez hecho eso, el general Calles, con una carta privada al presidente Coolidge le manifestó lo que había ocurrido. Le mandó los documentos originales de que el gobierno de México se había apoderado, y le dijo que todas nuestras misiones diplomáticas tenían esos do­cumentos y que al primer soldado norteamericano que pisara el territorio nacional, el primer jirón del territorio de la nación, esos documentos serían publicados en todos los países del mundo para que se conociera la infamia que se preparaba en contra de nuestro país. Coolidge desbarató el complot. Fue retirado Scheffield y vino como embajador en una actitud amistosa sin descuidar los intereses norteamericanos, el embajador Morrow, que en un desayuno con el general Calles, en Santa Bárbara, arregló el grave problema petrolero, simplemente reconociendo los derechos confir­matorios por medio de una sentencia de la Suprema Corte de Justicia; y por el momen­to estuvimos en paz varios años hasta 1935 en que se retiró la concesión de El Águila, y se le obligó a El Águila a reconocer el pago de impuestos de producción y de expor­tación como algo legítimo. Esto se logró gracias a la energía del secretario de Hacienda Narciso Bassols. El asunto es éste. Vale la pena explicarlo: El Águila, desde que el licenciado Luís Cabrera estableció un impuesto de producción al petróleo en el año de 18, inconforme con ese impuesto basado en su concesión de que hablamos al princi­pio, El Águila pagaba una suma inferior al impuesto causado con una nota que decía: "Bajo protesta, en calidad de depósito y a cuenta de impuestos futuros." Y así quedó la situación hasta 35. En consecuencia, El Águila estaba depositando dinero con la idea de que en un momento dado, en una coyuntura propicia reclamar que le dieran ese dinero que depositaba en la Tesorería de la Federación. Conociendo este asunto el licenciado Narciso Bassols, secretario de Hacienda, con quien yo desempeñaba entonces la tarea de Director General de Ingresos, hizo lo que se llama en la jerga familiar nuestra, una hombrada. Dio instrucciones a que no se permitiera que saliera ningún barco petrolero de El Águila, de ningún puerto mexicano; pero lo hizo cuando había varios barcos en Minatitlán, en Tuxpan y en Tampico. ¡Pues que no pueden salir los barcos! ¡Pues ahí vienen los apoderados a reclamar! Y entonces Bassols les dijo: No dejo salir un solo barco cargado de petróleo, mientras no me liquiden tantos millo­nes de pesos que me deben por los impuestos no pagados, porque nunca pagaban uste­des lo que debían pagar, y mientras ustedes no renuncien a esa clausulita en calidad de depósito y a cuenta de impuestos futuros. Y bueno, hasta ese momento no pasó nada, El Águila se sometió. Era, decíamos, los primeros meses de 1935. Ya no estaba lejos el 18 de marzo de 1938.