Foto: Cuando se dió la expropiación, gente de todas las clases sociales se volcó en apoyo al Presidente Cárdenas, además de que dieron lo poco o mucho que tenían para cooperar con la indemnización a lasCompañías petroleras.Cuarta parte de la conferencia que Don Jesús Silva herzog dictó en El Colegio Nacional en 1969. Él fué uno de los protagoniztas del proceso histórico político que llevó a la expropiación petrolera.
En 1935 existían tantos sindicatos como empresas petroleras. De suerte que los salarios y las prestaciones eran diferentes en cada una de las dichas empresas. Después de vencer dificultades sin cuento, lograron los dirigentes de los petroleros organizar el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. Esto ocurrió en el año de 1936. Inmediatamente pidieron a las empresas, la firma de un contrato colectivo de trabajo. De acuerdo con la ley, las empresas tuvieron que aceptar y comenzaron las discusiones entre representantes de los trabajadores y representantes de las empresas. Así fueron pasando los meses del año de 1936, como antes dije, sin que pudieran ponerse de acuerdo las partes en conflicto. En el mes de noviembre estuvieron a punto de romper-se las pláticas. El gobierno propuso que continuaran las conversaciones, haciéndola de amigable componedor. Gracias a esto, las pláticas continuaron en el resto del año de 1936 y durante 1937 hasta el mes de mayo. Sin embargo, no se adelantó un solo paso, se veía que las compañías petroleras no tenían interés en ponerse de acuerdo con sus trabajadores. En consecuencia, a fines de mayo de 1937, se declaró una huelga general en toda la industria.
La situación rápidamente se tornó grave porque comenzó a escasear la gasolina, el diesel oil, el petróleo destinado a los ferrocarriles. Recuerdo que la ciudad de México unos ocho días después de iniciada la huelga comenzó a verse solitaria de automóviles; éstos tuvieron que quedarse en sus garages y lo mismo comenzó a acontecer tratándose de las máquinas destinadas a la agricultura.
Ante esta situación el general Cárdenas llamó a los trabajadores y les pidió en vista de la gravedad de la situación que se presentaba, y que cada día se agravaba más y más, les pidió al general Cárdenas que cambiaran de táctica, que volvieran al trabajo y plantearan ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje un conflicto de orden económico.
¿Qué cosa es un conflicto de orden económico? Según la Ley del Trabajo, si los obreros por una parte y la empresa por otra no se ponen de acuerdo, alegando, supongamos en este caso la empresa, que no tenía condiciones financieras para mejorar salarios y prestaciones de los trabajadores, en este caso, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje nombra tres peritos, a quienes les encomienda la tarea de presentar en un plazo de 30 días un informe sobre las condiciones generales de la compañía o de la industria de que se trate. Bien, al mismo tiempo los peritos deben presentar ante el Tribunal del Trabajo citado, un dictamen dando su parecer de cómo resolver el conflicto. La Junta Federal nombró tres peritos: al señor Efraín Buenrostro, subsecretario de Hacienda; al ingeniero Mariano Moctezuma, subsecretario de Economía, y a Jesús Silva Herzog, quien en aquella ocasión desempeñaba el cargo de consejero del secretario de Hacienda, licenciado don Eduardo Suárez.
Inmediatamente que los peritos fuimos notificados del acuerdo de la Junta Federal, celebramos una reunión en la cual se nombró presidente al Sr. Buenrostro; vocal, al Ing. Moctezuma, y secretario a mí. Yo desde luego me puse a trabajar intensamente. Organicé en 48 horas una oficina con un personal de alrededor de 80 gentes: contadores, economistas, ingenieros petroleros, personas versadas en cuestiones de seguridad social, y por supuesto el personal administrativo necesario. Se trabajó intensamente durante ese mes, desde las 8 de la mañana, en ocasiones hasta la una de la mañana; fue una tarea muy ardua, pero todos estábamos poseídos del deseo de cumplir con nuestros deberes.
(...)
El 3 de agosto de 1937, los peritos nos presentamos ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje con nuestro informe en tres gruesos volúmenes y con el dictamen a que antes hice referencia. La Junta Federal como lo señala la ley, puso a disposición de trabajadores y compañías los documentos presentados por los peritos para que pudieran hacer objeciones. Los trabajadores presentaron unas cuantas objeciones, sin importancia. La empresa pidió plazos para dar sus puntos de vista. La Junta Federal fue muy condescendiente y les fue dando plazos y nuevos plazos hasta que hubo un momento en que tuvo que exigirles que presentaran todas las objeciones, todas las observaciones que ellos consideraron pertinentes. El 18 de diciembre de 1937, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, publicó su laudo. En ese laudo la Junta Federal aceptó las opiniones del peritaje, fundamentalmente aceptó que las compañías podían elevar salarios y prestaciones en la citada suma de algo más de 26 millones de pesos al año.
Las compañías cuando conocieron el informe de los peritos —retrocedamos un poco—, pusieron como se dice en la jerga familiar, el grito en el cielo. Dijeron que los peritos no decíamos la verdad, dijeron que cometíamos exageraciones; y publicaron en los diarios de la ciudad de México y en diarios de otras partes del mundo, grandes ataques contra los peritos.
Se publica el laudo de la Junta Federal. Entonces las compañías elevaron la puntería e iniciaron nueva campaña, ya contra el grupo No. 7 de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, que era el que había tenido en sus manos el conflicto petrolero.
Ante esta situación, las compañías pidieron amparo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La Corte comenzó a estudiar el asunto; tomó todos los informes que consideró pertinentes; y el lo. de marzo de 1938, la Suprema Corte de Justicia de la Nación pronunció su sentencia, aceptando el laudo de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.
Desde ese momento las compañías que habían dicho en sus ataques a los peritos que no tenían capacidad económica para hacer ese incremento en sus egresos de algo más de 26 millones de pesos, que habían repetido lo mismo al conocer el laudo de la Junta Federal; al conocer la sentencia de la Suprema Corte volvieron a repetir lo mismo. Afirmaron categóricamente que no podían acatar la sentencia del Supremo Tribunal de Justicia de la República.
El gobierno federal me pidió que fuera a informar al embajador Castillo Nájera, embajador nuestro en Washington, sobre la situación que existía. El 2 de marzo yo estaba en Washington conversando con el embajador. Le di un informe completo de la situación. El embajador me preguntó: Bueno, Silva Herzog ¿y qué cree usted que va a pasar? Yo le dije: una intervención temporal. Ah, eso yo lo arreglo, contestó. O la expropiación, agregué yo. Ah, dijo —soltó una palabrota de esas muy nuestras—, si hay expropiación hay cañonazos. Así veía las cosas nuestro embajador en Washington.
Pasaron los días de marzo en una tremenda tensión. Las compañías continuaban en su actitud de rebeldía, y un alto funcionario del The Standard Oil Company de New Jersey, dijo que el próximo paso lo diera el gobierno de México; que las empresas petroleras ya no tenían nada que decir.
Sin embargo, el Gral. Cárdenas trató de celebrar conversaciones con los representantes de las empresas, celebró una o dos conversaciones. En la última de ellas, las compañías dijeron que podrían aumentar salarios y prestaciones en 24 millones de pesos. La diferencia ya era insignificante y uno se pregunta: ¿Qué iba a hacer el general Cárdenas? ¿Qué iba a hacer el gobierno federal ante la rebeldía de unas compañías extranjeras que manifiestamente dijeron que no acataban el fallo de la autoridad más alta del país en el ramo judicial?
El general Cárdenas tuvo una junta de gabinete; planteó en ella la gravedad de la situación. No era posible que el gobierno se cruzara de brazos. Hubiera sentado un precedente fatal para la nación. En la junta de gabinete hubo unos secretarios de Estado que estuvieron de acuerdo con la expropiación; otros no estuvieron de acuerdo. Pasado el tiempo todos llegaron a decir que estaban todos de acuerdo.
Por fin el 18 de marzo a las 7 de la noche, el general Cárdenas frente al micrófono, anunció la expropiación de los bienes de las empresas petroleras. Y se cuenta que ya cuando iba a iniciar su discurso a la nación, llegó agitado un enviado de las compañías, diciendo que estaba bien, que pagarían los 26 millones de pesos. Ya era demasiado tarde.
La situación rápidamente se tornó grave porque comenzó a escasear la gasolina, el diesel oil, el petróleo destinado a los ferrocarriles. Recuerdo que la ciudad de México unos ocho días después de iniciada la huelga comenzó a verse solitaria de automóviles; éstos tuvieron que quedarse en sus garages y lo mismo comenzó a acontecer tratándose de las máquinas destinadas a la agricultura.
Ante esta situación el general Cárdenas llamó a los trabajadores y les pidió en vista de la gravedad de la situación que se presentaba, y que cada día se agravaba más y más, les pidió al general Cárdenas que cambiaran de táctica, que volvieran al trabajo y plantearan ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje un conflicto de orden económico.
¿Qué cosa es un conflicto de orden económico? Según la Ley del Trabajo, si los obreros por una parte y la empresa por otra no se ponen de acuerdo, alegando, supongamos en este caso la empresa, que no tenía condiciones financieras para mejorar salarios y prestaciones de los trabajadores, en este caso, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje nombra tres peritos, a quienes les encomienda la tarea de presentar en un plazo de 30 días un informe sobre las condiciones generales de la compañía o de la industria de que se trate. Bien, al mismo tiempo los peritos deben presentar ante el Tribunal del Trabajo citado, un dictamen dando su parecer de cómo resolver el conflicto. La Junta Federal nombró tres peritos: al señor Efraín Buenrostro, subsecretario de Hacienda; al ingeniero Mariano Moctezuma, subsecretario de Economía, y a Jesús Silva Herzog, quien en aquella ocasión desempeñaba el cargo de consejero del secretario de Hacienda, licenciado don Eduardo Suárez.
Inmediatamente que los peritos fuimos notificados del acuerdo de la Junta Federal, celebramos una reunión en la cual se nombró presidente al Sr. Buenrostro; vocal, al Ing. Moctezuma, y secretario a mí. Yo desde luego me puse a trabajar intensamente. Organicé en 48 horas una oficina con un personal de alrededor de 80 gentes: contadores, economistas, ingenieros petroleros, personas versadas en cuestiones de seguridad social, y por supuesto el personal administrativo necesario. Se trabajó intensamente durante ese mes, desde las 8 de la mañana, en ocasiones hasta la una de la mañana; fue una tarea muy ardua, pero todos estábamos poseídos del deseo de cumplir con nuestros deberes.
(...)
El 3 de agosto de 1937, los peritos nos presentamos ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje con nuestro informe en tres gruesos volúmenes y con el dictamen a que antes hice referencia. La Junta Federal como lo señala la ley, puso a disposición de trabajadores y compañías los documentos presentados por los peritos para que pudieran hacer objeciones. Los trabajadores presentaron unas cuantas objeciones, sin importancia. La empresa pidió plazos para dar sus puntos de vista. La Junta Federal fue muy condescendiente y les fue dando plazos y nuevos plazos hasta que hubo un momento en que tuvo que exigirles que presentaran todas las objeciones, todas las observaciones que ellos consideraron pertinentes. El 18 de diciembre de 1937, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, publicó su laudo. En ese laudo la Junta Federal aceptó las opiniones del peritaje, fundamentalmente aceptó que las compañías podían elevar salarios y prestaciones en la citada suma de algo más de 26 millones de pesos al año.
Las compañías cuando conocieron el informe de los peritos —retrocedamos un poco—, pusieron como se dice en la jerga familiar, el grito en el cielo. Dijeron que los peritos no decíamos la verdad, dijeron que cometíamos exageraciones; y publicaron en los diarios de la ciudad de México y en diarios de otras partes del mundo, grandes ataques contra los peritos.
Se publica el laudo de la Junta Federal. Entonces las compañías elevaron la puntería e iniciaron nueva campaña, ya contra el grupo No. 7 de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, que era el que había tenido en sus manos el conflicto petrolero.
Ante esta situación, las compañías pidieron amparo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La Corte comenzó a estudiar el asunto; tomó todos los informes que consideró pertinentes; y el lo. de marzo de 1938, la Suprema Corte de Justicia de la Nación pronunció su sentencia, aceptando el laudo de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.
Desde ese momento las compañías que habían dicho en sus ataques a los peritos que no tenían capacidad económica para hacer ese incremento en sus egresos de algo más de 26 millones de pesos, que habían repetido lo mismo al conocer el laudo de la Junta Federal; al conocer la sentencia de la Suprema Corte volvieron a repetir lo mismo. Afirmaron categóricamente que no podían acatar la sentencia del Supremo Tribunal de Justicia de la República.
El gobierno federal me pidió que fuera a informar al embajador Castillo Nájera, embajador nuestro en Washington, sobre la situación que existía. El 2 de marzo yo estaba en Washington conversando con el embajador. Le di un informe completo de la situación. El embajador me preguntó: Bueno, Silva Herzog ¿y qué cree usted que va a pasar? Yo le dije: una intervención temporal. Ah, eso yo lo arreglo, contestó. O la expropiación, agregué yo. Ah, dijo —soltó una palabrota de esas muy nuestras—, si hay expropiación hay cañonazos. Así veía las cosas nuestro embajador en Washington.
Pasaron los días de marzo en una tremenda tensión. Las compañías continuaban en su actitud de rebeldía, y un alto funcionario del The Standard Oil Company de New Jersey, dijo que el próximo paso lo diera el gobierno de México; que las empresas petroleras ya no tenían nada que decir.
Sin embargo, el Gral. Cárdenas trató de celebrar conversaciones con los representantes de las empresas, celebró una o dos conversaciones. En la última de ellas, las compañías dijeron que podrían aumentar salarios y prestaciones en 24 millones de pesos. La diferencia ya era insignificante y uno se pregunta: ¿Qué iba a hacer el general Cárdenas? ¿Qué iba a hacer el gobierno federal ante la rebeldía de unas compañías extranjeras que manifiestamente dijeron que no acataban el fallo de la autoridad más alta del país en el ramo judicial?
El general Cárdenas tuvo una junta de gabinete; planteó en ella la gravedad de la situación. No era posible que el gobierno se cruzara de brazos. Hubiera sentado un precedente fatal para la nación. En la junta de gabinete hubo unos secretarios de Estado que estuvieron de acuerdo con la expropiación; otros no estuvieron de acuerdo. Pasado el tiempo todos llegaron a decir que estaban todos de acuerdo.
Por fin el 18 de marzo a las 7 de la noche, el general Cárdenas frente al micrófono, anunció la expropiación de los bienes de las empresas petroleras. Y se cuenta que ya cuando iba a iniciar su discurso a la nación, llegó agitado un enviado de las compañías, diciendo que estaba bien, que pagarían los 26 millones de pesos. Ya era demasiado tarde.
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